El Tribunal Supremo absuelve a Kichi del delito de calumnias a Teófila

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La Sala Penal del Tribunal Supremo exculpó al alcalde de Cádiz, José María González Santurrones 'Kichi', de un difamar el delito con el anuncio por el que había sido culpado a abonar una multa de 5.400 euros por haber cuestionado en una reunión vecinal en 2016 la administración de la dirección de Aguas de Cádiz del anterior equipo municipal, el PP. En ese instante señaló que el Consistorio, gobernado por el Partido Habitual, había suministrado "a sabiendas agua" durante varios días que contaminó el agua en el barrio de Loreto. esconder esta información al público, sin haber depurado responsabilidades políticas.

La cancha estimó los recursos propuestos por el Ministerio Público y por el concejal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que impuso, además de la citada multa, el pago de indemnizaciones a la ex regidora Teófila Martínez Sáiz y al exconsejero Ignacio Romaní Cantera por 3.000 euros cada uno. La Audiencia Provincial de Cádiz aceptó medianamente el recurso de casación contra la acusación particular, ejercido por el ex alcalde y el ex concejal, y alteró la sentencia del Juzgado de lo Penal n. 5 de Cádiz que exculpó al de hoy alcalde del delito de calumnias y del delito de injurias de los encausados.

La Sala cree que, con independencia de la opinión que se pueda tener sobre la corrección de las expresiones o el tono utilizado, la denuncia adelantada por el alcalde de Cádiz "sigue" protegido por el derecho a la libertad de expresión".

Después de analizar las declaraciones del solicitante, el tribunal lo explica. ocurrió en un contexto político crítico a la dirección del ex- equipo del gobierno municipal con relación a un tema de especial interés para los ciudadanos del concejo.

Asegura que, a juicio de la instancia, si bien no se refleja de esta manera en los hechos probados, El 29 de septiembre de 2014, se notificó de mal olor en el agua bebible, destinado al consumo humano, que se abastecía en el distrito de Loreto de la capital. El 13 de octubre, debido a los niveles de contaminación por bacterias coliformes y Y también. coli, se suspendió el suministro, que no fue reposición hasta el 25 de octubre. Tras reemplazar al previo equipo de gobierno tras las selecciones municipales, el nuevo alcalde tuvo a su disposición un informe elaborado por Aguas de Cádiz sobre lo sucedido. Según los reportes, las pruebas de agua se realizaron entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre y dieron resultados positivos, que no se comunicaron a las autoridades sanitarias. El informe indica que el día 3 la situación debería ser comunicada a esas autoridades.

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La sentencia, presentación del magistrado Miguel Colmenero, indica que el demandante entendió que los autores, incluidos los dos denunciantes, debían haberlo conocido, con lo que comunicó públicamente este suceso y anunció que entregaría el informe a la Fiscalía para que se realizara la adecuada depuración de responsabilidades en.

"Por consiguiente es, una crítica pública llevada a cabo por un funcionario político a otras personas que previamente fueron mandatarios políticos, para la administración de un acontecimiento de interés general para la ciudadanía, en el campo de la acción política municipal ”, destaca la Cámara.

Desde el punto de vista del derecho a la información, el juez no aprecia ningún exceso que permita estimar una conducta delictiva. En un caso así, según la sentencia, el recurrente notificó al público del resultado de un informe encargado para intentar esclarecer lo sucedido con relación a un incidente en el suministro de agua bebible a la población que provocó el cierre por unos días para los vecinos de un determinado distrito de la ciudad más importante del que era alcalde.

Para la vivienda, notificó un asunto de interés general En el transcurso de esta información transmitió a sus vecinos su opinión sobre la desidia que apreciaba en la gestión de precedentes líderes políticos y su decisión de mover el tema a la Fiscalía, como lo hizo, para aclarar responsabilidades.

Tampoco cree que los hechos probados cumplan con los requisitos del delito de calumnia y agrega que lo que se considera constitutivo del delito es que el demandante manifestó: "lo que semeja completamente cuestionable es el manejo de la situación por la entonces gerencia de Aguas di Cádiz, es lamentable, no hay explicación que justifique a sabiendas dejar que un barrio gaste agua contaminada durante numerosos días, mucho más en concreto, que un barrio haya podido consumir agua contaminada durante numerosos días.

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La Salón advierte que, por un lado, las manifestaciones en cuestión son efectuadas por un político, funcionario, con responsabilidades actuales como alcalde del municipio, refiriéndose a otros políticos, el ex- alcalde y su equipo, quienes asimismo fueron usados públicos anteriormente en el mismo ayuntamiento, como una parte de una crítica a su gestión con relación al tema de la contaminación del agua suministrada para consumo humano. elementos para los vecinos de un distrito de la ciudad más importante. Por otro lado, según la sentencia, las declaraciones de que los autores precedentes habían actuado a propósito van consecutivas del aviso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Por consiguiente, concluye que no tiene que ver con una pura imputación de un hecho, sino de la comunicación a la opinión pública de la resolución de denunciarlo a la Fiscalía, enseñando las causas así de seguir.

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