Las excepciones impiden la inmunización total en las residencias

Cádiz

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Incontables hogares de jubilados completaron la campaña de vacunación la semana pasada. Pese al retroceso en la distribución, el Ministerio de Salud y Familia dió prioridad en esta segunda fase a la centros para jubilados, que concentra la mayor parte de las muertes registradas por coronavirus tanto en la primera como en la segunda oleada.

Los efectos de la vacuna ahora se han apreciado en las últimas semanas. Fuentes sanitarias afirman que, merced a las primeras dosis -que aportaban anticuerpos que protegían contra el virus- la mortalidad está bajando en muchos centros pese al aumento de contagios este mes, el más duro desde el principio de la pandemia en Cádiz. La campaña de vacunación tiene como propósito impedir casos como el de la vivienda Nuestra Señora del Rosario en Los Distritos, donde un brote ha infectado a la mayor parte de los ancianos y causado más de 30 muertes. Más allá de que el centro solamente registró muertes durante la primera y segunda oleadas, la cepa británica y la tercera oleada dejaron entre los peores registros de la pandemia en Cádiz.

Por esto, las residencias de ancianos son una prioridad para la Junta de Andalucía en esta campaña de vacunación y la segunda dosis ahora ha llegado a varios de ellos. Los primeros en recibirlo fueron la vivienda Lago, en Arcos, y La Granja, en Jerez. En toda Andalucía, la Junta inyectó la segunda dosis a 67,531 gente, según datos ofrecidos el viernes.

No obstante, la inmunización no estará completa pues no todas las personas superiores fueron vacunadas. Por supuesto los protocolos no serán tan estrictos como en los últimos meses -más en los 21 días que separaron la primera de la segunda vacuna- mas se sostendrán ciertas pautas.

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Los centros residenciales van a prestar particular atención a las "excepciones", jubilados o trabajadores que no han sido vacunados. “Es voluntario y, a veces, en el momento en que preguntas, encuentras algo negativo, mas son excepciones. Ciertos incluso prefirieron esperar y se unieron a la campaña en la segunda fase. Mas la inclinación extendida ha sido no criticar y preguntar de manera directa dónde y cuándo ponérselo ”, comenta Beatriz Tello, directora de la residencia Siglo de Oro en Medina Sidonia.

Si bien no es frecuente, varias personas superiores todavía no se vacunan en estos centros por múltiples causas: algunas por las dudas que provoca la vacuna entre los pacientes con alergia a fármacos; otros por la dificultad de que algunos tutores, familiares lejanos, envíen su consentimiento por desconfianza; y otros, familiares de negadores convencidos de que en ningún caso dejarán vacunar al residente.

Esto afectará el nivel organizacional. Las posibilidades de un brote son escasas, mas los habitantes que permanecen sin vacunar siguen siendo el propósito de Covid-19. "Deberemos hacer "firewalls" en las áreas recurrentes. Tenemos una sala grande, de unos 300 m2, y vamos a hacer pequeños conjuntos, separados por dos metros, con las personas no vacunadas distribuidas ”, explica José Antonio Facio, director de las residencias para personas con Alzheimer AFANAS Nuestra Señora de la Paz, en Chiclana.

Un juez puede obligar a las personas mayores a vacunarse

Los tribunales pueden reclamar la vacunación de un individuo mayor si los familiares o tutores legales no dan permiso en los casos de personas que no tienen plena capacidad legal para accionar en defensa de sus intereses, como es habitual en los hogares de ancianos.

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Hubo casos en toda España, algunos en Andalucía, pero hasta ahora ninguno en la provincia de Cádiz. Las residencias tienen la posibilidad de solicitar de forma directa al juez en el momento en que la familia no dé autorización para una pasantía en un centro residencial, a fin de decidir lo que es pertinente y más favorable para esa persona, anterior consulta al Ministerio Público. Esto le deja acelerar el trámite y asistir con la inmunización total en las viviendas. Este género de casos se ven afectados por la Ley Primordial 41/2002 que regula la autonomía del tolerante, según la que si se determina la resolución tomada en materia de salud por los representantes legales de un individuo que "no tiene capacidad" para elegir como "incorrecta" en sí, una "intervención judicial" puede mediar.

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