Una vez más, el PP de Sanlúcar hace el ridículo ante los ciudadanos
Ante el recurso presentado por un concejal del PP relativo a la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del Ayuntamiento, en lo referente a las intervenciones, formalización de ruegos y preguntas y presentación de mociones en el Pleno y Comisiones Informativas, el gobierno local recuerda que dicho reglamento fue aprobado en febrero de 2008 en sesión plenaria por unanimidad de todos los grupos políticos, es decir, con el voto favorable del PP, y contando con el informe favorable de los técnicos municipales.
Dicho reglamento cuenta con todos los parabienes desde el punto de vista jurídico, sin que su aplicación suponga menoscabo alguno a la función y a los derechos y deberes de los concejales del Ayuntamiento.
Precisamente los concejales tienen un foro de debate en las Comisiones Informativas, donde tienen la oportunidad de abordar con el resto de responsables políticos el contenido de propuestas y mociones, por lo que en ningún momento se coarta la libertad de los ediles de debatir, discutir y afrontar cualquier tipo de cuestión. Sí se decidió cuando se confeccionó el ROF en vigor que, por agilidad en el funcionamiento de la administración, no debían repetirse en las sesiones plenarias asuntos que ya habían sido rechazados en las comisiones. Pero eso no significa que los representantes de los distintos partidos no puedan debatir los asuntos que crean convenientes, ya que tienen las comisiones informativas para hacerlo y, si cuentan con el apoyo necesario, elevarlo a pleno.
El PP de Sanlúcar sólo persigue con este tipo de acciones intentar desviar la atención de su inactividad política, con una candidata jerezana al frente con la que muchos colectivos ni siquiera quieren sentarse y a la que ni sus compañeros sanluqueños de partido son capaces de poner al día en cuestiones tan simples como ésta, mientras ella intenta poner en marcha una campaña de desprestigio basada en mentiras en los medios de comunicación, como ya hicieran con la tasa de expedición de documentos del mes pasado que puso el PP, pero sirviéndose para ello en esta ocasión de los juzgados.
Ésta no es sino una pataleta política más del PP que sigue haciendo el ridículo en cuanto a cuestiones básicas de funcionamiento del Ayuntamiento y el desarrollo de los plenos como ya les ocurrió en el pleno de febrero en el que retiraron una propuesta que ellos mismos habían presentado. Lo más duro es que esa propuesta perseguía la creación de empleo, algo a lo que ellos mismos se negaron.
El PP de Sanlúcar debería recordar que el intento de judicializar la política no da nunca buenos resultados y que ellos ya han sido víctimas de sus propias quejas y denuncias; como ejemplo el archivo de la queja que presentaron ante del Defensor del Pueblo ya que parece que desde hace algunos meses no conocen el funcionamiento de las administraciones.
Con todo, el ayuntamiento y sus servicios jurídicos seguirán colaborando como siempre con la justicia y remitirán al juzgado toda la documentación que le sea solicitada, ya que lo único que se ha hecho ha sido cumplir con el reglamento que ellos mismos aprobaron.
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